Inédito: la Unión Europea (UE) aceptó que el gobierno federal y municipal en México están infiltrados por el crimen organizado.

BRUSELAS (apro).- En un hecho inédito, la Unión Europea (UE) aceptó en su más reciente Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, que adoptó el pasado martes 20, que el gobierno federal y los gobiernos locales de México están infiltrados por el crimen organizado.

Además, el reporte de la UE –correspondiente al panorama que dejó 2015 en la materia– insiste que en México las policías y el Ejército continuaron incurriendo en graves violaciones a los derechos humanos.

El documento reconoce que “se han registrado varios avances en el ámbito legislativo nacional en 2015”. Sin embargo, apunta, “México sigue enfrentándose a problemas muy importantes de seguridad pública y a retos considerables en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción”.

Precisa que “el país se ha visto empañado por problemas relacionados con los derechos humanos, que incluyen la participación policial y militar en graves violaciones, tales como ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas”.

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El informe –elaborado por los 28 Estados miembros de la UE al seno del Consejo– recuerda que “la impunidad, la penetración de la delincuencia organizada, no sólo en el sistema penitenciario, sino también a nivel del gobierno local y nacional, y el asesinato de periodistas (concretamente en el estado de Veracruz), siguieron siendo problemas graves”.

En una observación del reporte se afirma que, “como en años anteriores, México mostró una actitud proactiva en foros internacionales de derechos humanos, promoviendo temas de interés común entre la UE y México, en particular la empresa y los derechos humanos, la lucha contra el terrorismo, la abolición de la pena de muerte, el acoso moral (sic), la agenda para el desarrollo después de 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible, y la Alianza para el Gobierno Abierto”.

A diferencia del tono indulgente utilizado en los anteriores informes correspondientes a los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, el reciente se muestra crítico y hace eco de los cuestionamientos sobre “la verdad histórica” del caso Ayotzinapa.

También se refiere a los daños que han generado en la credibilidad del Ejecutivo en el extranjero los episodios de violencia extrema de las fuerzas de seguridad del Estado, que en algunos casos han sido revelados por la prensa.

“Las investigaciones en curso de casos emblemáticos como los de Iguala, Tlatlaya y Apatzingán continúan planteando serias dudas, a pesar de las importantes detenciones practicadas”, señala el documento.

Y agrega: “La credibilidad del gobierno se ha visto gravemente dañada tanto dentro como fuera de sus fronteras, en particular después de la publicación del informe final del Grupo de expertos independientes (GIEI) sobre el caso de Iguala, que desechaba el discurso oficial sobre la muerte de los 43 estudiantes desaparecidos y arrojaba dudas sobre la investigación”.

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