“En la guerra contra el narcotráfico, Estados Unidos pone los consumidores y México pone los muertos”, Diputada Federal Mexicana Araceli Damian:

Ayotzinapa: ¡Nunca más!
Por Araceli Damián* Diputada Federal
“La tragedia de Iguala ocurrió en medio de una crisis humanitaria”.

El 26 de septiembre se cumplen dos años de una de las mayores violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en el país: la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en la que participaron autoridades confabuladas con grupos criminales. Además, un estudiante quedó en estado vegetativo; seis personas fallecieron, tres de éstas estudiantes de la normal y tres más víctimas del ataque al equipo de segunda división “Los Avispones”, en el cual resultaron también lesionados 17 alumnos. Se contabilizan más de 100 personas que sufrieron violación a sus derechos humanos durante la noche de ese día y la madruga del 27.

La agresión se suscitó cuando los estudiantes realizaban una “toma” de autobuses para trasladarse a la Ciudad de México, a fin de participar el día 2 de octubre en la conmemoración de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968. Paradójicamente, terminaron siendo ellos víctimas de la violencia criminal y de Estado.

No era la primera vez que “tomaban” autobuses, pero sí fue la primera en la que elementos del Estado mexicano (policías municipales, estatales y federales) reaccionaron tan violentamente y de manera coordinada con el crimen organizado. Lamentablemente, ninguna fuerza del orden, incluyendo el Ejército, defendió a las víctimas.

La muerte y desaparición forzada de mujeres y hombres en México a manos de elementos del Estado es un problema que se ha dado en ciertas épocas con distinta intensidad desde hace varias décadas. Pero hoy vivimos una crisis humanitaria en materia de violación a los derechos humanos, que se inició con la fallida “guerra” contra el narcotráfico. La cercanía a los Estados Unidos, principal consumidor de drogas en el mundo y el rechazo a legalizar su consumo en EU, ha convertido a nuestro país en un campo de batalla: México pone los muertos.

El caso Iguala expresa una violencia exacerbada que no se limita a la que ejercen los grupos delincuenciales, sino que incluye la perpetrada desde las instituciones del Estado. Lo vivido en Iguala es parte de los daños “colaterales” de la violencia institucional, en la que se han roto los principios básicos de moralidad y ética que permiten la convivencia social pacífica.

La violencia institucional ejercida por el gobierno y las élites incluye mantener en condición de pobreza a la mayoría de la población, mediante bajos salarios, inestabilidad laboral, desempleo, falta de acceso a los servicios básicos de educación y salud, entre otros. De esta forma, la desigualdad, la concentración de la riqueza y el hecho de haber sido México laboratorio de las reformas económicas más radicales impuestas por los organismos internacionales, convierte a nuestro pueblo en presa fácil de la violencia institucional.

Esto se agrava debido a que la transición democrática fue fallida.El cambio de partido en el gobierno no se tradujo en una mayor y más efectiva participación democrática; por el contrario, hoy somos testigos de una masiva compra de voto y de constantes episodios de corrupción que no pasan de ser meros escándalos mediáticos (como el de la “casa blanca”). De igual forma, la falta de acceso a la justicia y a la verdad es lo que caracteriza al sistema de judicial mexicano.

Lo sucedido en Igual marcó un parteaguas en la forma de reaccionar de la sociedad. La tardía y torpe respuesta del gobierno no sólo ha sido criticada en el ámbito nacional, sino también internacional. La “verdad histórica”, que sostiene que los jóvenes fueron confundidos por narcotraficantes como miembros de un cártel enemigo y que, por ello, fueron incinerados en el basurero de Cocula, no ha sido probada. Por el contrario, recientemente aparecieron en la revista Science los resultados de un experimento realizado por el experto en fuego José Torero que vuelve a concluir que tal acto no pudo ser posible.

La atrocidad cometida en Iguala causó una enorme indignación entre sectores sociales que se encontraban sumidos en un estado de conformismo social y desde entonces han reaccionado exigiendo justicia. Para Marcos Roitman (El pensamiento sistémico, Siglo XXI, 2003), el conformismo social es el resultado de un pacto social que se fundamenta en inhibir conductas sociales antisistémicas, es decir, aquellas que contradigan o se enfrenten al poder legalmente constituido. El conformismo social se apoya en un discurso sofisticado elaborado por diversas ciencias sociales que justifica y aclama al actual sistema y nos lleva a actuar sólo cuando nos vemos afectados o advertimos que alguien nos puede hacer daño, mientras tanto ignoramos las arbitrariedades cometidas contra nuestros semejantes.

No puedo estar más de acuerdo con Roitman en el sentido de que el silencio y la falta de compromiso social son los que facilitan la destrucción del mundo, sus valores y su gente. El caso Iguala fue como una lupa que nos permitió ver con mayor claridad la realidad de nuestro país, esa realidad en la que elementos del Estado matan o desaparecen forzadamente a civiles, luchadores sociales, periodistas comprometidos con la verdad, esa en la que se encubre a delincuentes y en la que se cometen todo tipo de crímenes.

Por la memoria de quienes han sido víctimas, y por sus sueños que no pudieron llegar a hacerse realidad, debemos hoy hacer un esfuerzo desde nuestras trincheras para cambiar esta situación que nos aqueja. Hagamos un balance de nuestro actuar cotidiano para encontrar pistas del grado de conformismo al que hemos llegado. Identifiquemos las pequeñas injusticiasy arbitrariedades que se cometen diariamentevpara rechazarlas, pero sobre todo alcemos la voz ante las más grandes atrocidades y actuemos en consecuencia.

Conocer la verdad y hacer justicia por los 43 estudiantes desaparecidos forzadamente y por las demás víctimas de esos hechos permitirá iniciar la necesaria reconciliación entre la sociedad y el Estado nacional. Luchar para que los delitos de lesa humanidad cometidos en Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa, los futbolistas del equipo de los Avispones y civiles no queden en el olvido, ayudará a evitar que estos crímenes se vuelvan a repetir. Ayotzinapa, ¡nunca más!

*Diputada federal, miembro de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa.

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